Implementación de políticas con perspectiva de género
Sin duda centrarse en el tema de la implementación de las políticas públicas es importante toda vez que el diseño coherente y ambicioso de la política pública ha quedado atrás para dar paso a la cotidianeidad en donde han de aterrizar esas ideas con los recursos disponibles de las y los servidores públicos que tienen la responsabilidad de hacer las gestiones necesarias para su ejecución.
En el ámbito de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas de igualdad, esta situación se vuelve más significativa porque además de los aspectos de que tienen que ver con la disposición de recursos materiales y equipos de trabajo, se enfrentan al sesgo de creencias en torno a la pertinencia de las políticas de igualdad. Para evitar estas resistencias es importante prever acciones de fortalecimiento de las capacidades institucionales y el mejoramiento del clima laboral y organizacional de los entes públicos.
Es necesario señalar que la implementación cuenta con otras y otros actores, la población objetivo a quién está dirigida la política. Es la población con carencias o necesidades, la razón de ser de las medidas adoptadas, y quien tiene sus propias percepciones y creencias de lo que se requiere de las instancias gubernamentales y lo que han de ofrecer, y por supuesto las condiciones en que han de hacerlo.
En el caso de beneficiarias es importante tomar en cuenta además las condiciones de exclusión en diferentes espacios, sus condiciones de vida y la posición de género que muchas veces puede manifestarse en una actitud más de expectativa que de falta de interés. Son las servidoras públicas y los servidores públicos operadores quienes se vinculan con la población, dan cuenta de sus demandas, resistencias, quejas o reconocimientos.
Con todo esto una primera gran conclusión es que quienes implementan los programas y proyectos son quienes tendrán que ajustar y dar respuesta a los imprevistos sobre la marcha.
Ahora bien, concretar políticas que promuevan la igualdad, requiere, además de la profesionalización del personal y del funcionamiento equilibrado entre las áreas normativas, administrativas y ejecutivas que haya un interés en obtener los resultados esperados.
Esto depende de que las reglas de operación sean específicas, así como de que las y los implementadores desarrollen capacidades relativas a la incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de los derechos humanos. Y esto es algo que las instituciones tienen que fortalecer, con mediación de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y muchas veces a través de las y los enlaces de las unidades de género y personal de las instituciones que promuevan, formen e informen sobre la perspectiva de género. Además se cuenta con un marco normativo que es cada vez más completo para dejar en claro que la incorporación de la perspectiva de género no es una decisión personal sino un principio rector del servicio público.
La implementación para la política de igualdad requiere bases sólidas en materia de derechos humanos entre las y los servidores públicos de una institución, independientemente de las funciones y nivel jerárquico. Sobre todo del personal que opera en contacto con la población objetivo ya que los sesgos de género influyen sin duda en el desempeño de la política en cuestión, pues al regirse más por las creencias que por los derechos humanos, puede limitar o condicionar la participación.
Esto es claro cuando se juzga a las mujeres en situación de violencia y se les presiona para que tome ciertas decisiones sin ubicar que cada persona lleva su propio proceso, o bien, cuando se interpreta que las mujeres no tienen interés en participar en algunas actividades cuando en realidad tienen sobrecargas de trabajo, o cuando se desconocen los derechos de una niña embarazada y se le quiere convencer de que tome las decisiones o lleve ciertos comportamientos que la o el servidor público considera válidos.
La implementación está basada en principio en el diseño político realizado, pero de manera específica ésta se concreta en los procesos contemplados que abarcan la instrumentación de las acciones y la operación de recursos diversos para llevarla a la población objetivo. Contempla esta etapa la elaboración de instrumentos, diseño de registros y provisión de recursos necesarios, administración, así como los mecanismos para convocar a la población en el caso de los programas presupuestarios por ejemplo, y llevar todo organizado en un tiempo determinado, generalmente acotado por los ciclos fiscales.
El proceso de gestión pública llevado a cabo para la implementación de una política definida contempla varios momentos en los cuales la perspectiva de género ha de estar presente. Por esta razón desde la planeación que ha de considerar las necesidades e intereses de las mujeres, lo mismo se ha de concretar para cada etapa o acción que implique la implementación.
La gestión de políticas con perspectiva de género es un factor de gobernanza, ya que incluye en sus políticas y en la manera de operarlas y generar resultados las necesidades e intereses de las mujeres para resarcir las desventajas generadas por la discriminación y la desigualdad de oportundidades.
La gobernanza contribuye al fortalecimiento de la ciudadanía pero implica ampliar la base de participación de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con el rumbo de las acciones gubernamentales y en la mayor cooperación, que permita generar mejores impactos en la solución de los problemas sociales, en particular los que tienen que ver con la desigualdad y la violencia de género contra las mujeres.
Se recomienda para el proceso de implementación:
1. Tomar en cuenta los tiempos disponibles de las mujeres y de los hombres para incluir a la mayoría de las personas en las comunicaciones, trabajos colectivos o toma de decisiones.
2. Promover la participación de las mujeres en los proyectos o programas.
3. Promover la participación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones.
4. Evitarles cargas de trabajo extras.
5. Escucharles y retomar sus preocupaciones.
6. Contar con recursos que le permita a las mujeres: asistir con hijos o hijas, información sobre a dónde acudir en caso de violencia al interior de su familia, manejo de tecnologías de la información.
7. Se recomienda ser muy concreto en la información y en la documentación solicitada, para evitar que tengan a dar varias vueltas.
8. Contar con registros desagregados por sexo.